Este 8 de septiembre el Canciller reiteró la postura del gobierno de Sebastián Piñera de no firmar este acuerdo latinoamericano. Más información sobre este rechazo se puede encontrar en https://www.biobiochile.cl/
El Acuerdo de Escazú establece que el Estado debe ser proactivo con su ciudadanía para garantizar el derecho de información, participación y justicia ambiental. El gobierno reitera su rechazo, en medio de campañas de la sociedad civil para presionarlo que sí firme. Según el sitio web de Greenpeace, este acuerdo implica que:
- En todo proceso de toma de decisiones ambientales, el Estado deberá entregar la información necesaria de manera clara, temprana, oportuna y comprensible para asegurar la participación pública.
- Se deberán promover mecanismos alternativos de solución de controversias y establecer mecanismos de apoyo para los más vulnerables, tales como asistencia técnica y jurídica gratuita.
- Es el primer tratado internacional que aborda específicamente la situación de los y las defensoras ambientales, disponiendo que se debe garantizar un entorno seguro y propicio y reconocer, proteger y promover sus derechos, además de prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. Al respecto, en nuestra regulación nacional existe un importante espacio de mejora en estas materias.
Más detalles sobre el Acuerdo en https://www.hagamoseco.org/
