Tras seis años de espera Cámara de Diputados inicia rápida votación de ley que regula Servicios Sanitarios Rurales

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Uno de los aspectos principales es reconocer la importante función social que prestan las asociaciones de agua potable rural y asegurar que los servicios sanitarios rurales -de agua potable y saneamiento- sean prestados por organizaciones sin fines de lucro, con el fin de alejar la amenaza que se produce por la expansión de las empresas sanitarias privadas.

Un importante y expedito avance se dio este miércoles en las Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de  Diputados, al iniciarse la votación del proyecto que regula los servicios sanitarios rurales. La iniciativa, que fue ingresada por el primer gobierno de Michelle Bachelet ante el Senado en diciembre de 2008, pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados en octubre de 2009 luego de ser aprobada por los senadores.

A partir de ese momento se votó la mitad del articulado, sin embargo con el cambio de gobierno en 2010 la nueva administración intentó hacer cambios al proyecto, lo que fue rechazado por las asociaciones de agua potable rural (APR) por tanto se detuvo la tramitación. Fue así que en septiembre de este año, el Ejecutivo enmendó parte de lo acordado por el Senado mediante una indicación sustitutiva, que es la que se comenzó a votar este 16 de diciembre.

La Comisión de Recursos Hídricos, bajo la presidencia de la diputada Yasna Provoste (DC), logró aprobar hasta el artículo 16, en gran medida estableciendo las definiciones, las licencias, la forma de operación de las APR. Uno de los aspectos más importantes fue el reconocimiento legal de estas entidades y su caracterización como servicios sin fines de lucro.

Como una forma de apurar el tranco, Provoste acordó con los integrantes de la comisión sancionar todas las propuestas del gobierno que no tuvieran indicaciones por parte de los legisladores, quedando zanjado así cerca de un 70 % del proyecto. Es lo que se conoce como votación económica.

Asimismo, se aprobaron indicaciones presentadas por diputados que recogieron los planteamientos de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru) y Chile Sustentable. Entre ellas, que las organizaciones puedan seguir prestando este servicio esencial en los sectores rurales sin fines de lucro y que su área operacional sea protegida del avance de la expansión inmobiliaria.

“Lo que se quiere garantizar es que, por un lado, el derecho humano al agua potable que está garantizado se cumpla y que ambos servicios, tanto agua potable rural como saneamiento, sean provistos desde la lógica comunitaria y no desde la lógica de empresas concesionarias” explicó en la ocasión la diputada DC.

Durante la sesión se aprobó, también, la definición sobre los servicios sanitarios rurales que contemplan agua potable y saneamiento, los tipos de servicio, las licencias, los cobros, las transferencias y los bienes indispensables para cumplir con los servicios de agua potable rural.

Uno de los principales objetivos de la ley es blindar el área de operación de las APR, amenazadas por la expansión de las empresas sanitarias privadas que avanzan hacia el sector rural producto de la expansión inmobiliaria.

Se acordó continuar la votación el miércoles 23 de diciembre, para lo cual se requiere que el gobierno le ponga suma urgencia, figura que habilita a la comisión para sesionar en paralelo al plenario de la Cámara.

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